Los profesionales cubren Mar del Plata y Miramar y no intervienen en casos de personas con monitoreo electrónico. Ante la falta de nombramiento de personal, desde julio de 2015 los trabajadores no aceptan nuevos ingresos.
La situación de precariedad y la falta de personal en el Patronato de Liberados son reclamos que desde hace tiempo sostienen desde la Asociación de Trabajadores del Estado ante las autoridades del Ministerio de Justicia bonaerense. Actualmente, en Mar del Plata hay 30 asistentes sociales que se ocupan de la fiscalización, tratamiento integral y reinserción social de las personas con libertad condicional, condenas condicionales, excarcelados, eximidos de prisión y condenados con libertad asistida.
Si bien se calcula que a cada profesional deben asignarse 30 tutelados, la realidad indica que el número es muchísimo mayor: son 3000 las personas que deben monitorear en Mar del Plata y Miramar, ciudad en donde apenas hay dos profesionales.
Inclusive, la cifra debería ser aún más grande ya que desde julio del año pasado, los trabajadores decidieron no aceptar más incorporaciones hasta tanto no se equipare con la cantidad de personal. ¿Y qué sucede con los tutelados que no son tomados por el Patronato? “Son atendidos por las autoridades de la región, que también están desbordadas”, explicó a 0223 Natacha Navarro, delegada de ATE en esa área.
Según dijo, en la ciudad funcionan en cuatro delegaciones -centro – Puerto, Juan B. Justo, Dorrego (alcanza los barrios Centenarios, Las Américas, entre otros) y la zona de Apand (Parque Peña, el sector de la ruta 2)-, pero, al no haber nuevos nombramientos, “no se puede ofrecer un trabajo responsable y de calidad como nos gustaría”. “Los equipos, que deberían estar integrados por un trabajador social, un abogado y un psicólogo para poder hacer un abordaje interdisciplinario serio, están todos incompletos”, advirtió.
También aclaró que tampoco controlan a quienes estén monitoreados por dispositivos electrónicos, ya que se los considera detenidos. “En ese caso, ese trabajo deberían hacerlo agentes del Servicio Penitenciario”, señaló.
A su vez, Navarro hizo hincapié en las condiciones de precariedad y los riesgos que corren a la hora de cumplir con sus funciones, cuestiones que se reavivaron tras la violación y crimen de la asistente social Laura Iglesias, ocurrido el 29 de mayo de 2013 en Miramar. “Cubrimos zonas muy amplias y en muchos casos, vamos solas”, explicó. (Fuente 0223.com.ar)
