Por Pablo Menéndez.- La educación pública es mucho más que un servicio; es un derecho fundamental y un pilar indispensable para la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria. A través de ella, cada individuo tiene la oportunidad de desarrollarse, de construir su futuro y de contribuir al bien común. Pero hoy, más que nunca, la educación pública nos necesita a todos.

Nuestra educación se enfrenta al Gobierno de Miei, que junto a diputados “dialoguistas a constantes amenazas: recortes presupuestarios, falta de recursos, sobrecarga de docentes, y una creciente desigualdad entre quienes pueden acceder a una educación de calidad y quienes se quedan rezagados. Estas dificultades no solo afectan a los estudiantes y profesores, sino a la sociedad en su conjunto. La precarización de la educación pública es una fractura en el tejido social que nos afecta a todos, directa o indirectamente.

Es urgente recordar que la educación pública es el motor que impulsa el ascenso social, la movilidad económica y la innovación. Es el espacio donde convergen niños y jóvenes de diferentes contextos, donde se siembran los valores de tolerancia, respeto y trabajo en equipo. El deterioro de este espacio común es una amenaza a la cohesión social y a la igualdad de oportunidades.

Nos corresponde a todos, defender y fortalecer la educación pública. Desde las familias hasta las comunidades, desde las organizaciones civiles hasta el sector privado, todos tenemos un papel que cumplir. Apoyar la educación pública significa exigir mayor inversión en infraestructura, en formación docente, en materiales educativos de calidad, y en programas que aseguren el acceso equitativo a todos los niveles educativos.

Pero la defensa de la educación pública no es solo una cuestión de recursos. También implica valorar el esfuerzo de los docentes, reconocer la importancia de su labor y apoyarlos en su desarrollo profesional. Significa también participar activamente como ciudadanos, interesados en el futuro de nuestras comunidades, y abogar por políticas educativas inclusivas que garanticen que ningún niño o joven quede atrás.

El llamado es claro: la educación pública necesita de nuestro compromiso colectivo. Solo con el esfuerzo y la participación de todos podremos garantizar que este derecho fundamental siga siendo una realidad accesible para todos, sin distinción. Proteger la educación pública es proteger el futuro. Y ese futuro nos necesita a todos.