La insensibilidad del Gobierno Nacional ha alcanzado un nuevo nivel de deshumanización con la decisión de desmantelar el programa de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer (INC). Una medida que deja en el abandono a miles de pacientes con cáncer en estado avanzado, negándoles el alivio del dolor y la asistencia profesional necesaria para transitar su enfermedad con dignidad.

La médica Mariana Pechenik, referente del área, expresó su dolor y preocupación al anunciar la eliminación del programa: “Los cuidados paliativos argentinos estamos de luto”. Y no es para menos. Esta decisión implica el fin de un servicio esencial que, hasta ahora, formaba profesionales especializados en el manejo del dolor y proveía morfina y metadona a las 24 provincias del país, con especial atención a las más vulnerables.

Pero el golpe no se detiene ahí. Se suspendió la compra de opioides indispensables para el tratamiento del dolor severo en pacientes oncológicos y fueron despedidos seis de los ocho integrantes del equipo especializado en cuidados paliativos. Una decisión de absoluta insensibilidad, basada exclusivamente en el recorte de gastos, sin importar el sufrimiento que genera en quienes más lo necesitan.

Las consecuencias son brutales y están a la vista: más personas padeciendo innecesariamente, más familias destrozadas viendo sufrir a sus seres queridos sin acceso a tratamientos adecuados, y un retroceso inadmisible en el derecho humano fundamental al alivio del dolor. “Esta política nacional es un descuido profundo a nuestros derechos humanos”, advirtió Pechenik.

El impacto del recorte no es un hecho aislado. La Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) denunció que, desde comienzos de 2024, centenares de pacientes han quedado sin recibir su medicación oncológica debido a la disolución de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse). “De ahí en más, se produjeron demoras en la provisión de la medicación que provocaron, por lo menos, 60 fallecidos a la fecha”, señalaron desde la organización.

Este no es un problema administrativo ni una simple reestructuración. Es una decisión política que refleja una preocupante falta de empatía y humanidad en la gestión de la salud pública. No se trata de números ni de presupuestos; se trata de personas que sufren, de vidas que se apagan en la indiferencia de quienes deberían protegerlas.

El desmantelamiento del programa de cuidados paliativos es una sentencia de sufrimiento para miles de pacientes y un atentado contra la dignidad humana. ¿Hasta cuándo el Gobierno seguirá recortando en los sectores más vulnerables sin medir las consecuencias? ¿Cuántos más deben padecer antes de que se recupere la sensibilidad que debería guiar cualquier política de salud? La respuesta, por ahora, parece estar sumida en el más absoluto desprecio por el dolor ajeno.