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Editorial | Emergencia declarada: ¿es este el anticipo del invierno más duro para los municipios?


Editorial | Emergencia declarada: ¿es este el anticipo del invierno más duro para los municipios?

La declaración de emergencia económica por parte de tres municipios bonaerenses —Villa Gesell, Saavedra y Guaminí— empieza a delinear el panorama real que enfrentan las gestiones locales en este 2025 signado por la caída en la recaudación, el ajuste en los giros de coparticipación y una marcada disminución en la actividad económica regional.

Villa Gesell fue el primero en encender la alarma. El intendente Gustavo Barrera anunció el congelamiento de sueldos para la planta política y todos los funcionarios del Ejecutivo por un plazo de seis meses, además de suspender el ingreso de personal y frenar toda contratación. La decisión, dura pero directa, apunta a contener un gasto público que ya resulta insostenible con los recursos disponibles.

En Guaminí, la crisis financiera se potencia por la emergencia hídrica, un frente adicional que agrava las condiciones económicas y sociales del distrito. El jefe comunal José Augusto Nobre Ferreira resolvió congelar los sueldos de sus funcionarios y reducir al mínimo las horas extras, en un intento por sostener un equilibrio que pende de un hilo.

Por su parte, en Saavedra, el intendente Matías Nebot fue más allá: aplicó un recorte del 13% en los sueldos municipales, justificándolo como una medida extrema pero inevitable para garantizar el pago de haberes y asegurar los servicios esenciales. Una decisión polémica, pero también honesta frente al deterioro de las cuentas públicas.

Estos tres casos no pueden analizarse como hechos aislados. Son señales de un proceso más profundo: el inicio de un reordenamiento forzado del gasto municipal frente a un contexto nacional y provincial que presiona sin tregua. Lo que hoy aparece como una reacción de pocos, bien podría transformarse en una tendencia generalizada en las próximas semanas.

El invierno aún no comenzó, y el escenario no es alentador. Con costos en alza, menos transferencias del Estado nacional y un consumo que se retrae, los municipios enfrentan un dilema inevitable: o ajustan por decisión política, o lo harán empujados por la realidad.

La pregunta que queda flotando es inquietante: ¿estas medidas serán pronto la variable común en todos los municipios, incluso aquellos que hasta ahora han logrado evitar declararse en emergencia?

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