La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires confirmó que el inicio de las obras para construir una rotonda en la intersección de Ruta 11 y calle 515 depende del desalojo del histórico comercio conocido como “Las Macetas”, ubicado en ese cruce. Según indicaron, su presencia representa una ocupación antirreglamentaria que interfiere en la planificación vial.
El dato surgió a partir de una respuesta oficial a un pedido de informes iniciado por la Coalición Cívica en junio de 2024, a través de un expediente en el Concejo Deliberante de Gral. Pueyrredon. En él, se solicitaba al gobierno de Axel Kicillof que avanzara con obras que garanticen la seguridad vehicular y peatonal en ese cruce, hoy convertido en un punto crítico por el aumento del tránsito.
Ese incremento se explica, en parte, por las obras de la “circunvalación” que mejoraron el acceso por la calle 515 entre la autopista Jorge Newbery y la Estación Chapadmalal. Cada vez más automovilistas evitan ingresar al centro por la costa y eligen este recorrido alternativo, lo que multiplica la circulación en la intersección con Ruta 11. Además, el desarrollo urbano en la zona —con nuevos barrios privados y el supermercado Coto sobre Newbery— ha acentuado la problemática.
La situación actual del cruce es peligrosa: quienes circulan en sentido norte por Ruta 11 deben estacionar sobre la banquina o incluso frenar sobre la calzada para poder girar en la 515. Ante este escenario, desde Vialidad confirmaron que proyectan construir una rotonda, similar a las ya instaladas en 515 y Jorge Newbery, y 515 y Antártida Argentina. Según remarcaron, el objetivo es ordenar el tránsito en una zona cada vez más transitada por el crecimiento urbano.
Sin embargo, el principal obstáculo para comenzar las obras es el puesto de venta de macetas, que ocupa parte del área donde se planifica la rotonda. Aunque el comercio cuenta con un permiso municipal —otorgado inicialmente en 1998 y renovado a su actual titular en 2021 bajo la ordenanza 11.919—, desde la Dirección de Vialidad sostienen que su ubicación afecta la visibilidad y constituye una ocupación “clandestina y antirreglamentaria”.
Por esa razón, el organismo provincial inició actuaciones en 2022 y en 2023 labró un acta intimando a los ocupantes a desalojar en un plazo de 10 días. Sin embargo, el desalojo fue frenado por una presentación judicial de los comerciantes, y actualmente el caso está en manos del Juzgado Contencioso Administrativo N°1.
Durante una reciente audiencia, el juez consultó a los representantes de Vialidad si las obras eran inminentes, pero al no haber una fecha concreta, ordenó suspender los plazos de desalojo mediante una medida cautelar. Mientras tanto, se espera que el departamento zonal de Vialidad informe formalmente cuándo comenzarán los trabajos, previa consulta con la casa central.
A pesar del freno judicial, desde Vialidad insisten: “Independientemente de la futura obra de circunvalación, el comercio instalado está invadiendo una zona de camino para fines ajenos al uso vial, revistiendo carácter de clandestino y antirreglamentario para esta Dirección”.