Mediante el decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, el gobierno nacional derogó una normativa de 1993 que regulaba los precios de las matrículas y cuotas de los establecimientos educativos privados no subvencionados por el Estado.

La medida implica el fin del sistema de control estatal sobre los aranceles que cobran los colegios privados, eliminando la obligación de comunicar anticipadamente los montos y de solicitar autorización previa para cualquier modificación.

Según los fundamentos oficiales, la norma derogada “imponía limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza privada a las realidades educativas y económicas del país”. El texto del decreto argumenta que el régimen anterior respondía a una época en la que la educación estaba bajo administración nacional y que, con el traspaso de competencias a las provincias, resultaba necesario “revisar el marco normativo existente” para promover “un entorno más propicio para la gestión privada”.

Además, el gobierno de Javier Milei sostuvo que la intervención estatal en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan el funcionamiento y la viabilidad económica” del sector. Según el texto, la obligación de informar y obtener autorización previa para modificar las cuotas “limita la capacidad de adaptación de los colegios frente a las fluctuaciones del mercado”, impidiéndoles ajustar sus precios de acuerdo con los costos operativos reales.

El Ejecutivo también defendió que los establecimientos privados “deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados sin requerir autorización estatal”, en nombre de la libertad económica y el derecho de propiedad.

Escaso impacto en la Provincia de Buenos Aires

El secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), Martín Zurita, explicó al portal 0221.com.ar que la medida afecta únicamente a las escuelas que no reciben aportes del Estado.

En territorio bonaerense, sin embargo, el 70% de los colegios privados recibe algún tipo de subvención estatal, por lo que sigue bajo control de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DGEGP), dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE).

“Las escuelas que tienen aportes del Estado tienen un control estricto que les indica cuándo pueden aumentar y cuánto. Las que no tienen subsidios del Estado no tienen control estatal en cuanto a los límites de la cuota”, precisó Zurita.

De este modo, la nueva disposición del gobierno nacional tendría un impacto mínimo en la práctica, ya que los establecimientos no subvencionados —que son minoría— ya fijaban libremente sus valores. Las bandas arancelarias que regula la DGCyE seguirán aplicándose únicamente a los colegios que opten por recibir apoyo económico estatal.