El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia de transferir al sector privado el mantenimiento y la explotación de rutas nacionales. Este jueves quedó oficialmente abierta la convocatoria para concesionar la Ruta 226, el corredor que une Mar del Plata con Bolívar y que resulta clave tanto para el movimiento productivo como para el turismo de la región.

La apertura del proceso fue formalizada a través de una resolución del Ministerio de Economía, que habilita una licitación nacional e internacional destinada a delegar en empresas privadas la administración, ejecución de obras de mejora, servicios al usuario y cobro de peajes en distintos corredores que integran la segunda fase de la “Red Federal de Concesiones”.

En el caso del corredor Atlántico, el tramo puesto en juego es el que va desde el empalme con la Ruta 2, a la altura de Mar del Plata, hasta el cruce con la Ruta 65 en Bolívar, abarcando unos 404 kilómetros. Las compañías interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 6 de febrero de 2026, fecha en que está prevista la apertura de sobres.

La decisión se enmarca en un proceso más amplio que apunta a desplazar progresivamente a Corredores Viales, la empresa estatal encargada del mantenimiento de numerosos tramos nacionales. La compañía fue intervenida meses atrás y atraviesa un fuerte conflicto laboral luego de que, en abril, se concretaran más de cien despidos en diferentes estaciones de peaje, entre ellas la ubicada en el acceso a Mar del Plata.

Esta segunda fase de concesiones comprende más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales y se divide en dos grandes bloques:

• Sur–Atlántico–Acceso Sur, un paquete de más de 1.300 kilómetros que incluye la Ruta 226, la Ruta 3, la Ruta 205 y los accesos Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas.
• Tramo Pampa, un segmento de unos 546 kilómetros correspondiente a la Ruta 5, entre Luján y el empalme con la Ruta 35, ya en territorio pampeano.

Con esta licitación, el Gobierno avanza en un modelo de gestión vial que busca mayor presencia del sector privado y que, en caso de concretarse, implicará cambios significativos en el esquema de obras y peajes de la región.