La noticia publicada por Infobae sobre una supuesta e insólita “tasa al metegol” en General Alvarado no solo fue falsa: fue funcional a una operación política en los últimos días de mandato del bloque opositor del PRO, encabezada por el concejal Joaquín Sánchez Charro, quien una vez más eligió elevar un tema local a medios nacionales sin verificar ni contextualizar la información.
Lo que no trascendió en ese mismo circuito mediático —pero sí explotó puertas adentro de la oposición— fue la reacción de sus propios socios políticos. Sectores libertarios, que forman parte de la nueva alianza opositora, salieron a cuestionar duramente al concejal, incluso públicamente. En sus redes lo acusaron de “falta de firmeza”, de “habilitar decisiones que perjudican al vecino” y de dejar una imagen final “que generó más decepción que reconocimiento”. Una crítica abierta que deja en evidencia tensiones internas más profundas que la propia noticia.
Mientras tanto, la desinformación corrió por los portales porteños sin considerar un dato elemental: esa tasa existe hace años en decenas de municipios, incluidos Pinamar y Mar del Plata, donde se aplican montos similares o superiores por el uso de metegoles, mesas de billar, ping pong y otros juegos lúdicos. No es una novedad, no es un invento, no es un caso aislado. Es parte de la estructura fiscal de los municipios turísticos de toda la región.
La pregunta, entonces, no es por qué existe la tasa, sino por qué se decidió instalarla como si fuese un escándalo exclusivo de Miramar. Y ahí aparece la respuesta: porque algunos dirigentes, a punto de dejar sus bancas, vuelven a ensayar la misma lógica de siempre. “Yo prendo fuego, total me voy”. Una fórmula vieja, que ya no sorprende, pero que sigue generando daños concretos.
El resultado es el de siempre: la ciudad queda expuesta ante la opinión pública nacional justo cuando necesita estabilidad para encarar una temporada decisiva. Y quienes realmente sufren las consecuencias no son quienes levantan el teléfono para hablar con Buenos Aires, sino los comerciantes, los trabajadores y los empresarios que cada día levantan la persiana y ponen en marcha Miramar.
Miramar no necesita dirigentes que usen los medios nacionales para hacerse un último favor político, sino responsables que entiendan el impacto real de sus decisiones. Prefiero una ciudad que discute con información, no con titulares fabricados. Prefiero una oposición que controle, no que especule. Y prefiero —siempre— una política que piense primero en el vecino que abre su comercio cada día, y no en la foto final antes de dejar una banca.
Porque las operaciones pasan. Las desinformaciones también.
