Tras el anuncio del gobierno de Javier Milei de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), prestadores de servicios para personas con discapacidad expresaron su preocupación por las consecuencias de la medida. Coincidiendo con las críticas que habían planteado durante el paso de la agencia al Ministerio de Salud, afirmaron que cerrar organismos “no mejora la gestión, sino que debilita la protección de derechos”.
La Andis, creada en 2017 y descentralizada, pasó en 2024 a la órbita del Ministerio de Salud. Entre sus funciones se encuentran la regulación de pensiones y la gestión del nomenclador que rige a los prestadores. Ahora, con su disolución y el traslado de sus funciones a una secretaría del ministerio, el sector advierte un retroceso en la política pública para la discapacidad.
Prestadores Unidos MDP recordaron que el último año estuvo marcado por recortes a las pensiones, intentos de veto y derogación de la ley de emergencia en discapacidad, que la Justicia obligó a retrotraer, y denuncias de corrupción dentro de la Andis. Según el colectivo, decisiones como la disolución de la agencia ubican a la discapacidad exclusivamente “desde una mirada médica”, reduciendo “la discapacidad a la enfermedad” y dejando de lado enfoques sociales y de derechos humanos.
“El problema no son los organismos, sino su funcionamiento. Los entes no deben desaparecer: deben regularse, fortalecerse y transparentarse para garantizar políticas públicas eficaces, participativas y respetuosas del paradigma social de la discapacidad. Desarmar estructuras específicas debilita la protección de derechos”, destacaron en un comunicado.
Por último, los prestadores señalaron que la no aplicación efectiva de la ley de emergencia en discapacidad genera consecuencias graves: menos centros y escuelas abiertas, menos profesionales especializados, menor acceso a prestaciones y mayores niveles de exclusión y vulneración de derechos. “Lo que hoy no se implementa, mañana se convierte en pérdida irreversible”, concluyeron
