La Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) anunció el inicio de un “proceso estatuario” para analizar la expulsión del senador nacional Maximiliano Abad, docente de Derecho en la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), tras su voto afirmativo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Desde el gremio sostienen que el legislador “avaló un proyecto que atenta contra los derechos de los docentes universitarios”, motivo por el cual se iniciarán actuaciones sumariales en su condición de afiliado.
La decisión cobra relevancia no solo por el perfil político de Abad, sino también por su vínculo con la actual vicerrectora de la UNMdP, Marina Sánchez Herrero.
Conflicto universitario y medidas de fuerza
El anuncio se da en el marco del conflicto que el sector universitario mantiene con el gobierno nacional por cuestiones salariales, presupuestarias y judiciales, en particular por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso.
En ese contexto, ADUM confirmó que:
- Acompañará el paro nacional docente previsto para el 2 de marzo.
- Impulsará una semana completa de paro total de actividades por mes, a partir del 16 de marzo, durante el primer cuatrimestre.
- No descarta una medida de fuerza anticipada si el Congreso trata el nuevo proyecto de financiamiento presentado por el Ejecutivo.
Estas acciones se sumarían a las ya anunciadas por la Agremiación del Personal Universitario (APU), el gremio nodocente, que evalúa realizar un paro semanal.
Debate por la ley de financiamiento
Además, ADUM solicitará al Consejo Superior de la UNMdP que se pronuncie en defensa de la plena aplicación de la ley de financiamiento vigente.
Según publicó el diario La Nación, el gobierno nacional habría negociado con rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) el contenido de un nuevo proyecto para reformar la ley sancionada por el Congreso y descomprimir parte del conflicto con el sistema científico universitario.
Sin embargo, sindicatos docentes ya manifestaron su rechazo a la iniciativa. Sostienen que el texto sería “insuficiente” y “incompatible con la ley vigente y con el fallo judicial” que ordena su cumplimiento.
De esta manera, el escenario universitario se encamina a un primer cuatrimestre atravesado por medidas de fuerza y una creciente tensión política e institucional.
