Noelia Castillo, una joven de 25 años con paraplejia, recibió este jueves la eutanasia en un centro de salud de Cataluña, luego de atravesar un prolongado proceso judicial para que se reconociera su derecho a una muerte asistida.

La joven llevaba más de dos años reclamando la posibilidad de acceder a este procedimiento, en medio de la oposición de su padre. Finalmente, distintos tribunales avalaron su decisión, según informó el diario La Vanguardia y la agencia Noticias Argentinas.

Su condición se originó el 4 de octubre de 2022, cuando se arrojó desde un quinto piso tras haber sido víctima de una agresión sexual múltiple. Como consecuencia, sufrió una lesión medular completa que la dejó sin movilidad desde la cintura hacia abajo, además de padecer dolores neuropáticos crónicos que describía como insoportables.

En las horas previas al procedimiento, Noelia expresó alivio por la resolución: “Por fin lo he conseguido, por fin podré descansar”, dijo en su única entrevista televisiva, brindada al programa “Y ahora Sonsoles”, por Antena 3. Allí también relató el profundo deterioro en su calidad de vida: “No tengo ganas de nada; ni de comer, ni de salir. Duermo mal, me duelen la espalda y las piernas (…) y quiero dejar de sufrir, irme en paz”.

Durante esa conversación, la joven contó aspectos de su historia personal, marcada por situaciones de vulnerabilidad desde temprana edad, incluyendo episodios de violencia, consumo problemático y reiteradas agresiones sexuales.

El proceso judicial para acceder a la eutanasia atravesó múltiples instancias. La negativa inicial de su padre, respaldado por la asociación Abogados Cristianos, sostenía que Noelia no se encontraba en condiciones de tomar una decisión autónoma. Sin embargo, los planteos fueron rechazados sucesivamente por un juzgado de Instrucción de Barcelona, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y, finalmente, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

De no haber mediado estas impugnaciones, el procedimiento se habría realizado el 2 de agosto de 2024, fecha en la que originalmente estaba previsto.

El caso reabre el debate sobre el derecho a la muerte digna, la autonomía personal y los límites de la intervención judicial en decisiones profundamente individuales.