Por Pablo Menéndez.- Hace apenas dos años y medio, en plena campaña presidencial de 2023, muchas advertencias sobre el futuro de los precios en la Argentina fueron desestimadas como exageraciones o, directamente, como “campaña del miedo”. Entre ellas, una en particular vuelve hoy con fuerza: el impacto que tendría la liberación de precios en los combustibles.

El tiempo, que suele ser el más implacable de los jueces, terminó ordenando el debate. En Miramar —como en buena parte del país— cargar nafta ya dejó de ser un acto cotidiano para convertirse en un cálculo constante. El litro de súper, que no hace mucho rondaba los $1.800, hoy supera los $2.100, mientras que las versiones premium ya se ubican por encima de los $2.300. En menos de un mes, los aumentos acumulados rozan el 20%. Y la tendencia no parece encontrar techo.

La dinámica actual muestra un mercado que se acerca cada vez más a valores internacionales, con referencias que ya miran de reojo a Uruguay. Pero lo verdaderamente preocupante no es solo el número en el surtidor, sino el efecto dominó que inevitablemente se activa. Porque cada aumento en el combustible es, en esencia, un aumento en cadena: transporte, logística, producción, distribución. Tarde o temprano, ese costo termina reflejándose en las góndolas, en los servicios y en la vida diaria de todos.

La pregunta, entonces, ya no es si va a pasar, sino cuándo. ¿Cuánto falta para que este nuevo salto en los combustibles impacte de lleno en los precios de los alimentos, en el costo del transporte público, en cada rincón de la economía cotidiana?

Mientras tanto, el escenario político suma ruido a la incertidumbre. En medio de esta escalada, no pasa desapercibido el contraste con algunos gestos del poder. Un jefe de Gabinete envuelto en polémicas, cuestionado por viajes al exterior —como uno a Nueva York junto a su esposa en condiciones poco claras—, por un vuelo privado a Punta del Este cuyo financiamiento aún no fue debidamente explicado, y por un crecimiento patrimonial que incluye nuevas propiedades en los últimos dos años.

A esto se suma un dato que, en cualquier contexto, resulta difícil de ignorar: su salario como funcionario pasó de $3.500.000 a más de $7.000.000 mensuales, es decir, un incremento superior al 100%. Todo esto, en un país donde el común de la población ajusta gastos, recorta consumos y reconfigura su vida diaria para llegar a fin de mes.

No se trata solo de números. Se trata de percepciones. De confianza. De la distancia —cada vez más evidente— entre la realidad de la calle y ciertos privilegios del poder.

Como dijo alguna vez Piero, las cosas se cuentan solas. Y en la Argentina de hoy, alcanza con mirar para entenderlo.