El juez federal Ariel Lijo dictó este sábado una serie de medidas de protección urgentes a favor de Vanesa Elizabeth Tossi, secretaria de la empresa aérea JAG Executive Aviation, vinculada al vuelo que trasladó a Manuel Adorni a Punta del Este.

La decisión se tomó a partir de un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, luego de que la testigo denunciara haber sufrido hostigamiento y presiones por parte de Marcelo Grandio, señalado como allegado al jefe de Gabinete.

En su resolución, el magistrado ordenó que Grandio se abstenga de contactar a Tossi por cualquier medio —ya sea personal, telefónico, digital o a través de terceros— y dispuso una restricción de acercamiento tanto a su domicilio como a su lugar de trabajo y otros espacios que frecuente habitualmente.

El origen de estas medidas se remonta a lo ocurrido el viernes durante la declaración testimonial de Tossi. Mientras brindaba detalles ante la fiscalía sobre el vuelo hacia Uruguay, la mujer recibió reiteradas llamadas y mensajes de Grandio, en una situación que fue calificada como “escandalosa” por los investigadores.

Según su testimonio, estas comunicaciones —sumadas al envío previo de una carta documento con tono intimidatorio— habrían tenido como objetivo influir en su relato. Tossi sostuvo además que Grandio habría sido quien pagó el vuelo y que, presuntamente, solicitó que no se emitiera factura por el servicio.

Frente a este escenario, el fiscal Pollicita impulsó una investigación paralela para determinar si existieron delitos de acción pública, como amenazas o coacción. En su dictamen, remarcó que los hechos no constituyen un simple malestar subjetivo, sino indicios concretos de presión que podrían afectar la libertad y veracidad del testimonio.

Asimismo, justificó la aplicación de medidas de resguardo al considerar que la insistencia en las comunicaciones y la interrupción de la audiencia evidencian un riesgo real que debía ser contenido de inmediato.

Por su parte, el juez Lijo ordenó extraer testimonios de las actuaciones —incluida la declaración de Tossi y la documentación aportada— para avanzar en la investigación de las presiones denunciadas.

La resolución subraya que el objetivo de estas medidas no es sancionar de forma anticipada, sino proteger la integridad psíquica de la testigo y garantizar la transparencia del proceso judicial.

De este modo, la Justicia busca asegurar que la investigación sobre el uso de servicios aéreos privados por parte de funcionarios públicos avance sin interferencias que puedan comprometer la validez de las pruebas.