Un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense propone endurecer las sanciones contra conductores de motos y automóviles con escapes adulterados, una práctica cada vez más extendida en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y que genera crecientes reclamos vecinales.

La iniciativa, impulsada por el diputado provincial Manuel Passaglia, del espacio Hechos, no solo apunta a penalizar a quienes circulen con vehículos que produzcan estallidos sonoros, sino también a desarticular toda la cadena vinculada a estos dispositivos: desde su fabricación y comercialización hasta su instalación y uso.

Entre las medidas más relevantes, el proyecto contempla el secuestro preventivo de los vehículos detectados con escapes antirreglamentarios, el decomiso y la destrucción de los caños ilegales, y, en casos considerados graves, la posibilidad de que un juez administrativo ordene la compactación del rodado.

El foco está puesto especialmente en la práctica conocida como “tirar cortes”, habitual en motos de baja cilindrada y muchas veces asociada a caravanas nocturnas que alteran la tranquilidad en distintos barrios.

Passaglia sostuvo que las herramientas actuales resultan insuficientes para desalentar estas conductas. “La realidad es que ese tipo de castigos no funcionó. Hay conductas deliberadas que buscan generar ruido y molestar”, expresó al fundamentar el proyecto. En esa línea, remarcó la necesidad de avanzar hacia un esquema más severo: “No solo sancionar, sino eliminar el problema. El escape ilegal se decomisa y se destruye”.

Además del impacto en la convivencia urbana, la propuesta pone el acento en la seguridad vial y en las consecuencias ambientales derivadas del uso de escapes adulterados.

El texto también incorpora criterios específicos para agravar las sanciones, como el nivel de ruido generado, la intencionalidad de la conducta, la gravedad de la infracción y el lugar donde se comete. En ese sentido, prevé penalizaciones más severas cuando los hechos ocurran en zonas densamente pobladas o en cercanías de escuelas, centros de salud o eventos públicos.

De avanzar en la Legislatura, la iniciativa marcaría un cambio significativo en la forma de abordar una problemática que, en los últimos años, se volvió cada vez más visible y conflictiva en ciudades de toda la provincia.