Mientras en General Alvarado cada vez cuesta más llenar la heladera, pagar la luz, sostener un comercio o simplemente llegar a fin de mes, el Gobierno nacional avanza ahora sobre otro golpe directo al bolsillo: el posible recorte del beneficio de Zona Fría. Y no se trata de un dato técnico o de una discusión lejana del Congreso. Se trata de miles de familias de nuestra región que podrían pasar de pagar una factura de gas de $40.000 a más de $60.000 en pleno invierno.

Detrás de los números hay jubilados que ya eligen qué medicamento comprar, comerciantes que no logran recuperar ventas, trabajadores con salarios pulverizados y cuentapropistas que viven al día. En ciudades como Miramar, Otamendi, donde el frío obliga a consumir gas durante meses, este recorte significa otro mazazo a economías familiares que vienen soportando aumentos constantes desde hace más de un año.

El Gobierno de Javier Milei sostiene que el régimen de Zona Fría “se desnaturalizó” y que debe volver a focalizarse. Pero la realidad en la calle muestra otra cosa: la crisis económica no distingue entre regiones “históricas” o “ampliadas”. La pérdida del poder adquisitivo golpea por igual a quienes trabajan, producen o viven de una jubilación mínima.

En General Alvarado ya se siente el impacto de la caída del consumo. Comercios con menos movimiento, vecinos endeudados, tarifas cada vez más difíciles de afrontar y una economía regional que no encuentra recuperación. A eso ahora se suma la amenaza de un nuevo tarifazo encubierto. Porque aunque se lo quiera presentar como una “reorganización de subsidios”, para la gente común será simplemente pagar mucho más.

Y mientras el ajuste sigue cayendo sobre trabajadores, jubilados y sectores medios, desde el poder nacional aparecen otras noticias que generan indignación. El caso de Manuel Adorni y las discusiones internas dentro de La Libertad Avanza exponen una dirigencia enfrascada en disputas políticas y cuestionamientos patrimoniales, muy lejos de la realidad cotidiana de millones de argentinos. Crecen las internas, crecen las denuncias y crecen los patrimonios, mientras también crece la angustia social.

El discurso de la “casta” quedó lejos de la vida real. Porque el ajuste no lo paga la política. Lo paga el jubilado que deja de prender la estufa. Lo paga el comerciante que no vende. Lo paga el trabajador que cobra menos de lo que necesita. Lo paga el vecino que cada mes debe elegir qué factura puede pagar y cuál tendrá que esperar.

Otra vez, el esfuerzo recae sobre los mismos de siempre.