El Gobierno nacional oficializó este martes el pase a situación de disponibilidad de trabajadores de planta permanente vinculados a las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, en el marco de una nueva reestructuración de la administración pública impulsada por la gestión de Javier Milei. La medida generó fuertes críticas desde la provincia de Buenos Aires, donde la administración de Axel Kicillof cuestionó la política de “destrucción del Estado”.
La decisión quedó formalizada a través de la resolución 129/2026 de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Federico Esteban Sicilia.
La normativa establece el pase a disponibilidad por un plazo de seis meses de más de 70 trabajadores de planta permanente de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, en Córdoba. La medida alcanza además a empleados contratados, que podrían quedar desvinculados en las próximas semanas.
Según se detalla en el texto oficial, la decisión responde a la supresión de distintas unidades organizativas establecida en el Decreto 269/2026, mediante el cual el Gobierno nacional avanzó en una reorganización interna de áreas dependientes de la Jefatura de Gabinete.
En el caso de la Unidad Turística Chapadmalal, trabajadores venían advirtiendo desde hace meses sobre la incertidumbre laboral que atravesaban. Tras el cierre total de las instalaciones durante 2025, alrededor de 50 empleados permanecían en funciones mínimas, sin definiciones concretas sobre su continuidad.
A esta situación se suma ahora la preocupación de varias familias que habitan viviendas cedidas dentro del predio como parte de sus condiciones laborales, ante la posibilidad de desalojos en el marco de la reorganización.
Cabe recordar que en 2024 el Gobierno nacional resolvió discontinuar el sostenimiento de los complejos turísticos de Chapadmalal y Embalse, dos históricos espacios de turismo social creados durante el primer peronismo. La decisión derivó en el cierre de ambos establecimientos y abrió la puerta a un proceso de privatización.
Posteriormente, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respaldó públicamente la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para avanzar en la transferencia de los complejos a operadores privados.
Desde el Gobierno bonaerense y distintos sectores sindicales cuestionaron la medida y advirtieron sobre el impacto social y laboral que tendrá en cientos de familias vinculadas históricamente al funcionamiento de estos espacios turísticos.
