La investigación se inició a fines de abril de 2025, cuando el FBI alertó a las autoridades argentinas sobre la existencia de mensajes altamente peligrosos detectados en una red social. En esas conversaciones, distintos usuarios hacían referencia a una posible “masacre” y a un tiroteo en una escuela “llena de niños”, sin precisar el establecimiento, además de mencionar supuestos actos preparatorios como la adquisición de armas y prácticas de tiro.

El caso, que involucra a dos adolescentes —uno con residencia en Miramar y otro oriundo de La Quiaca, Jujuy— salió a la luz públicamente el último lunes, tras la difusión de los resultados de una serie de allanamientos realizados en distintos puntos del país. En las últimas horas, además, se conocieron detalles clave sobre cómo se llegó a detectar el presunto plan.

Según la información publicada por el Ministerio Público Fiscal, el punto de partida fue una advertencia formal del FBI (Federal Bureau of Investigation), que dio cuenta del hallazgo de intercambios virtuales con contenido alarmante. En los diálogos, los participantes incluso mencionaban por su nombre de pila a dos jóvenes estadounidenses responsables del tiroteo escolar ocurrido en 1999, además de desplegar discursos de odio y expresiones discriminatorias dirigidas contra distintos grupos sociales, raciales y religiosos.

Tras recibir la alerta, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), a cargo del fiscal general Horacio Azzolin, inició una investigación preliminar con la intervención del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina. Ese trabajo permitió identificar direcciones IP y zonas de conexión, de cuyo análisis surgió que al menos dos de los participantes eran menores de edad.

Asimismo, se detectó la posible intervención de una tercera persona que operaría desde otro país de Sudamérica, situación que fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes de ese Estado.

La causa quedó radicada en la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, a cargo de la fiscal Laura Mazzaferri. Desde esa dependencia se remarcó que se trata de la primera investigación en esta jurisdicción que involucra a menores de edad no punibles bajo el sistema acusatorio, vigente desde el 7 de abril de 2025.

A pedido de la fiscalía, el viernes 30 de enero se realizaron cuatro allanamientos en Miramar, La Quiaca y otras localidades como Quilmes y San Martín, con el objetivo de secuestrar dispositivos electrónicos y reunir evidencia para avanzar en la pesquisa.

El operativo y la intervención judicial

Debido a la edad de los adolescentes involucrados —ambos menores de 16 años—, el miércoles 28 de enero se llevó a cabo una audiencia unilateral multipropósito. En esa instancia, la fiscal Mazzaferri solicitó al juez de Garantías Santiago Inchausti la autorización para realizar los registros domiciliarios y requirió la intervención inmediata de la Asesoría de Menores, a fin de garantizar la protección integral de los derechos y garantías constitucionales de los jóvenes y su derecho a ser oídos durante el proceso.

El magistrado hizo lugar a ambos pedidos y ordenó mantener bajo reserva las medidas autorizadas. La Asesoría de Menores tomó intervención previa a los allanamientos y fue informada tanto del desarrollo como de los resultados preliminares de las diligencias.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los adolescentes podrían haber sido captados por personas mayores de edad que habrían iniciado un proceso de radicalización progresiva, con el objetivo de instrumentalizarlos para la eventual comisión de hechos graves que, en escenarios extremos, podrían poner en serio riesgo la seguridad pública.

El encuadre legal y las líneas de investigación

En esta etapa inicial, los hechos investigados podrían encuadrar en el artículo 213 bis del Código Penal, que reprime conductas vinculadas a delitos contra el orden público mediante la imposición de ideas por la fuerza o el temor, así como en el artículo 3 de la ley 23.592 sobre actos discriminatorios, en su forma agravada.

Además, el Ministerio Público Fiscal planteó la necesidad de profundizar una posible arista patrimonial, relacionada con el eventual financiamiento de este tipo de actividades, conforme a lo previsto en el artículo 306 del Código Penal.

Para la fiscal Mazzaferri, el caso reviste una complejidad particular por el riesgo potencial que implica para la seguridad pública. En ese marco, se dispusieron de manera inmediata las medidas necesarias tanto para investigar los hechos denunciados como para prevenir cualquier suceso que pudiera encontrarse en curso, evitar la eventual concreción de los actos anunciados y frenar cualquier proceso de radicalización en el que pudieran estar involucrados los menores.(Fuente lacapitalmdp.com)