El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas encendió una señal de alerta frente a lo que define como una transformación “estructural” en el sistema de atención al usuario impulsado por la empresa Camuzzi. Según denunciaron, la firma avanza hacia un modelo “integralmente digital y remoto” que podría derivar en el cierre progresivo de oficinas comerciales en distintas regiones del país.

“Esto no es una app de delivery, es un servicio básico que impacta en la vida cotidiana de millones de personas”, afirmó el secretario general del gremio, Ezequiel Serra, al cuestionar el rumbo adoptado por la compañía.

De acuerdo a lo planteado por el sindicato, la propia empresa habría comunicado internamente su intención de profundizar el esquema digital, bajo el argumento de que la mayoría de los usuarios ya utiliza canales virtuales. Sin embargo, desde el sector advierten que la medida excede una simple modernización y podría implicar la eliminación de la atención presencial en amplias zonas.

En ese marco, Serra señaló que la empresa habría presentado ante el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) un plan que contempla el cierre total de oficinas comerciales. “El ente regulador habría sugerido avanzar en tres etapas. De confirmarse, estamos ante un cambio profundo en la forma en que se presta el servicio a nivel nacional”, sostuvo.

El proceso, según indicaron, ya muestra señales concretas. Documentación interna ubica a localidades de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia dentro de una primera etapa de cierres, lo que genera preocupación en comunidades donde la atención presencial sigue siendo clave.

El gremio también puso el foco en el impacto social de la medida. “No todos los argentinos tienen acceso real a herramientas digitales. Adultos mayores, usuarios de zonas rurales o con problemas de conectividad quedarían directamente excluidos”, advirtió Serra.

Además, subrayó que en un servicio público esencial como el gas, muchas gestiones requieren acompañamiento directo, especialmente en situaciones de reclamos, cortes o emergencias.

En paralelo, el avance de este modelo también abre interrogantes en el plano laboral. La reducción de oficinas implicaría menos estructuras comerciales y, potencialmente, la pérdida de puestos de trabajo.

“La lógica es clara: menos oficinas, menos costos. Pero eso también significa menos acceso para los usuarios y menor presencia en las comunidades”, concluyó el dirigente, quien dejó una advertencia final: “La modernización no puede ser sinónimo de abandono”.