Tras el rechazo del Presupuesto 2026 en el Congreso, el gobierno de Javier Milei analiza retomar uno de los puntos más sensibles del proyecto: la eliminación de la ampliación del régimen de Zona Fría, vigente desde 2021. De avanzar, la medida impactaría de lleno en más de 1,2 millones de usuarios bonaerenses, entre ellos los vecinos de General Alvarado y otros distritos de la Quinta Sección.
La iniciativa ya había sido incluida en el capítulo energético del Presupuesto, pero quedó sin efecto tras su rechazo en Diputados. Sin embargo, la Casa Rosada no descarta insistir con el recorte de subsidios en un contexto de presión sobre las cuentas públicas y de volatilidad en los precios internacionales del gas.
El objetivo oficial es retrotraer el esquema a su versión original, creada en 2002, limitando los beneficios a regiones como la Patagonia, la Puna y Malargüe. Esto implicaría dejar afuera a 77 municipios de la provincia de Buenos Aires que hoy cuentan con descuentos de entre el 30% y el 50% en sus tarifas.
Entre los distritos potencialmente perjudicados se encuentran los 25 municipios de la Quinta Sección Electoral, como General Alvarado, General Pueyrredon, Necochea, Tandil, Villa Gesell y Pinamar, donde las condiciones climáticas elevan la demanda de calefacción durante varios meses al año.
Desde la oposición, la medida ya genera rechazo. La senadora bonaerense Nerina Neumann advirtió que el régimen “no responde a una decisión arbitraria”, sino a criterios técnicos establecidos por organismos como el ENARGAS, que contemplan variables como la intensidad del frío y el consumo energético necesario.
Además, remarcó que dentro de la provincia existen zonas —como la Costa Atlántica y el sudoeste bonaerense— con características climáticas comparables a regiones del sur del país. “En estos lugares, la calefacción no es una opción, es una necesidad estructural”, sostuvo.
El régimen de Zona Fría fue ampliado en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández, llevando el universo de beneficiarios de unos 850.000 hogares a más de 4 millones en todo el país. En territorio bonaerense, alcanza a más de 1,2 millones de usuarios.
El sistema se financia mediante un recargo sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que hoy puede llegar al 11,25% y es abonado por el total de los usuarios del país.
Si el Gobierno avanza con la eliminación de la ampliación, el impacto sería directo en las facturas de gas de miles de familias de la región, que perderían un descuento clave en medio de un escenario económico ya complejo. En ciudades como Miramar y todo el distrito de General Alvarado, la medida podría traducirse en un fuerte aumento del costo de vida durante los meses de mayor consumo energético.
