El gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva poda sobre el Presupuesto nacional mediante la decisión administrativa 20 y una serie de anexos técnicos que esconden un fuerte ajuste detrás de un lenguaje burocrático. Aunque oficialmente fue presentado como una “reestructuración técnica” con ampliaciones previsionales, el recorte real ronda los 2,5 billones de pesos, equivalentes a unos 1.800 millones de dólares al tipo de cambio mayorista.

En los mercados la lectura fue inmediata. Operadores financieros interpretaron que la magnitud del ajuste deja en evidencia las dificultades del Gobierno para sostener el equilibrio fiscal en medio de una economía debilitada y una recaudación en caída.

El dato golpea sobre el principal activo político y económico que exhibe la administración libertaria: el superávit fiscal. El problema es que ese equilibrio empieza a sostenerse con recortes cada vez más profundos en áreas sensibles del Estado.

La maniobra oficial también incluyó una estrategia discursiva que inicialmente confundió a parte de los analistas y periodistas. El texto principal del decreto pone el foco en ampliaciones presupuestarias vinculadas a ANSES y obligaciones previsionales, dando la impresión de una medida expansiva o neutra. Sin embargo, la verdadera dimensión del ajuste aparece recién en los anexos técnicos, donde se despliega una poda masiva sobre ministerios, programas sociales, salud, educación, obra pública y transferencias a provincias.

La ampliación más visible fue la previsional. El Gobierno elevó en 500.000 millones de pesos el límite para el pago de deudas previsionales de ANSES, llevando el total autorizado a 712.288 millones. Pero el contraste es contundente: mientras refuerza jubilaciones, el mismo paquete recorta casi cinco veces más en otras partidas del Estado.

El núcleo del ajuste aparece en las Obligaciones a Cargo del Tesoro, con una poda de 1,47 billones de pesos. Entre las áreas más afectadas vuelve a estar energía. Energía Argentina pierde 200.000 millones de pesos en un contexto donde el sistema todavía depende de subsidios, importaciones de GNL y asistencia estatal para sostener tarifas y abastecimiento. También fueron alcanzados AYSA, con un recorte de 21.437 millones, y ACUMAR, con otros 936 millones menos.

Las provincias también quedaron en el centro del ajuste. Los anexos muestran una baja de 155.710 millones de pesos en transferencias provinciales, además de recortes sobre programas federales e infraestructura territorial. La decisión vuelve a trasladar parte del peso del ajuste hacia gobernadores e intendentes, en un escenario donde muchas administraciones provinciales ya enfrentan serias dificultades financieras.

La obra pública aparece nuevamente como una de las principales variables de recorte. La Dirección Nacional de Vialidad pierde 97.103 millones de pesos, mientras que el programa de Integración Socio Urbana reduce 39.441 millones. A eso se suma una baja de 320.670 millones en el Programa Federal de Infraestructura Deportiva.

El Ministerio de Capital Humano vuelve a ubicarse entre las áreas más golpeadas. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia pierde 55.465 millones de pesos. Dentro de esa poda, el programa de Integración Social y Fortalecimiento de la Ciudadanía recorta 27.732 millones destinados a ayudas sociales y asignaciones familiares.

Educación también sufre una reducción importante. El Fondo de Compensación Salarial Docente cae 8.929 millones de pesos y el ajuste total sobre la Secretaría de Educación asciende a 78.711 millones.

La motosierra además alcanza a instituciones culturales y programas sociales vinculados a chicos y adolescentes. Los anexos incluyen recortes sobre transferencias a organizaciones culturales y sociales sin fines de lucro por 165.000 millones de pesos, además de reducciones en programas comunitarios que trabajan en barrios vulnerables.

En salud, la baja total alcanza los 63.021 millones de pesos. Entre los recortes aparecen 5.000 millones menos para investigación y tratamiento del cáncer, 1.000 millones para programas sanitarios y otros 500 millones para prevención y control de enfermedades transmisibles.

Incluso Defensa y Seguridad quedaron alcanzadas por la poda. El Ministerio de Defensa pierde 6.055 millones de pesos. El Ejército recorta 12.622 millones, la Armada 11.820 millones y la Fuerza Aérea otros 16.500 millones. Mientras tanto, el Ministerio de Desregulación sumó nuevos cargos propios, en contraste con la eliminación de puestos en otras áreas del Estado.

El trasfondo del ajuste es una economía que continúa mostrando señales de enfriamiento. La caída de la recaudación en IVA, impuesto al cheque y contribuciones patronales refleja una actividad debilitada. Distintas consultoras privadas y la Oficina de Presupuesto del Congreso vienen alertando sobre el deterioro de los ingresos fiscales.

Desde Fundación Capital advirtieron que durante la segunda mitad del año habrá tres factores que presionarán sobre el superávit: la caída de la recaudación, el costo fiscal de leyes aprobadas por el Congreso y el límite político y económico para continuar ajustando luego de una poda equivalente a cinco puntos del PBI desde la llegada de Milei al poder.

El economista Martín Rapetti, director de Equilibra, sostuvo que la caída de la recaudación demuestra que la economía “sigue en una etapa depresiva o incluso recesiva” y advirtió que eso vuelve “más cuesta arriba” sostener el superávit, porque obliga al Gobierno a profundizar todavía más el recorte del gasto público.

La lógica económica empieza a mostrar una dinámica cada vez más compleja: el ajuste enfría la actividad, la menor actividad reduce la recaudación y la caída de la recaudación obliga a nuevos ajustes. En ese círculo, el superávit fiscal deja de aparecer como una señal de fortaleza y comienza a mostrar el costo creciente de sostenerlo en una economía cada vez más golpeada.