La presentación cuestiona designaciones realizadas por el Gobierno nacional en la Comisión Nacional de Monumentos y plantea interrogantes sobre el organismo que debe intervenir ante cualquier modificación sustancial del histórico complejo turístico. La causa continuará su trámite en la Justicia Federal.
Chapadmalal vuelve a quedar en el centro de una discusión que excede lo administrativo. Una denuncia penal que cuestiona la reconfiguración de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos no fue archivada y continuará su trámite en la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires.
La presentación fue realizada por Kanki Alonso y pone bajo análisis distintas decisiones adoptadas durante 2025 por el Gobierno nacional en relación con la conducción del organismo. Según la denuncia, existirían interrogantes sobre la situación de autoridades cuyos mandatos habían sido establecidos con anterioridad y sobre las condiciones en las que se realizaron nuevas designaciones.
El caso adquiere particular importancia para Chapadmalal por una razón concreta: el complejo turístico está declarado Monumento Histórico Nacional desde 2013 y se encuentra alcanzado por el régimen de protección de la Ley 12.665.
Una comisión que tiene una función clave
La Comisión Nacional de Monumentos no es solamente un organismo consultivo. La normativa establece su intervención previa y vinculante ante operaciones que impliquen modificaciones en el estatus jurídico de los bienes protegidos y también frente a intervenciones materiales sobre esos bienes.
Por eso, cualquier discusión relacionada con el futuro de Chapadmalal termina necesariamente vinculada con el funcionamiento y la integración de esa Comisión.
La denuncia cuestiona particularmente una serie de decisiones tomadas durante 2025. Entre ellas aparece la Resolución 254/2025 de la Secretaría de Cultura, mediante la cual se designó transitoriamente al arquitecto Fernando Gabriel Ferreyra como director nacional de la Comisión, con efectos desde el 1 de agosto de ese año.
Posteriormente, mediante el Decreto 673/2025, el Poder Ejecutivo designó a Ferreyra como presidente de la Comisión por un período de seis años, junto con otras autoridades y vocales.
La presentación judicial sostiene que debe determinarse qué ocurrió con las autoridades que habían sido designadas previamente y si existían vacantes que justificaran las nuevas designaciones.
Esto no significa que la Justicia haya determinado que las designaciones fueron ilegales. Lo que existe es una denuncia que reclama que esos hechos sean investigados.
El antecedente que vuelve a aparecer
La controversia tiene además un antecedente político e institucional.
En mayo de 2025, el Gobierno había dictado el Decreto 345, que modificaba la estructura de distintos organismos culturales y transformaba a la Comisión Nacional de Monumentos en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Cultura. El decreto también modificaba disposiciones de la Ley 12.665.
El Congreso rechazó posteriormente ese decreto en ambas cámaras. La Cámara de Diputados lo rechazó el 6 de agosto y el Senado hizo lo propio el 21 de agosto de 2025.
El Gobierno dictó luego el Decreto 627/2025, que restituyó la vigencia de las disposiciones que habían sido modificadas por el Decreto 345.
Ese recorrido forma parte ahora del contexto de la denuncia que continúa bajo análisis.
¿Por qué importa para Chapadmalal?
La discusión cobra una dimensión especial porque el complejo turístico se encuentra en un momento decisivo.
El Gobierno nacional avanzó durante 2026 con una reducción de la estructura estatal vinculada a la Unidad Turística Chapadmalal y se abrió una discusión sobre su futuro, su funcionamiento y posibles modalidades de explotación.
Mientras tanto, desde distintos sectores surgieron iniciativas para preservar el destino social y patrimonial del complejo. Incluso durante 2026 fue presentado en el Congreso un proyecto para transferir gratuitamente la Unidad Turística Chapadmalal a la Provincia de Buenos Aires, manteniendo su destino turístico, educativo, recreativo y cultural.
También existen proyectos legislativos que buscan garantizar la continuidad de Chapadmalal como unidad destinada al turismo social.
En ese escenario, la Comisión Nacional de Monumentos adquiere un papel central.
Chapadmalal no es solamente un conjunto de hoteles. Es un patrimonio histórico nacional ubicado sobre la Ruta 11, a unos 15 kilómetros de Miramar, y cualquier transformación relevante sobre el complejo debe convivir con las normas de protección patrimonial.
Una causa que vuelve a poner la mirada sobre el futuro del complejo
La investigación deberá determinar ahora si las autoridades de la Comisión fueron modificadas respetando el marco legal vigente, qué ocurrió con los mandatos anteriores y qué efectos tuvieron las distintas decisiones administrativas adoptadas durante 2025.
Por el momento, no existe una resolución judicial que establezca que las designaciones fueron ilegales ni que vincule directamente la reconfiguración de la Comisión con un eventual proyecto de privatización de Chapadmalal.
Pero la causa vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que tiene especial importancia para la región:
¿Quién controla y protege el patrimonio histórico de Chapadmalal mientras se define el futuro del complejo?
La respuesta, ahora, también deberá pasar por la Justicia Federal.
