Por Pablo Menéndez.- Hay momentos en los que uno quisiera equivocarse. Quisiera que aquello que venimos advirtiendo desde hace tiempo finalmente no ocurriera. Quisiera no tener que escribir nuevamente sobre aumentos, tarifas y beneficios que se recortan mientras los ingresos de trabajadores, jubilados y familias de clase media siguen corriendo detrás de los precios.

Pero hoy la discusión por el régimen de Zona Fría vuelve a poner a los usuarios en el centro de la escena.

La situación todavía tiene instancias legislativas por delante y, por lo tanto, no corresponde dar por consumado un cambio que aún no es definitivo. Pero el debate ya está instalado y la posibilidad de una reducción del alcance del beneficio genera preocupación en numerosos municipios bonaerenses. El régimen vigente contempla descuentos sobre las facturas de gas para las localidades alcanzadas por la Ley 27.637.

Y mientras esta discusión avanza, los usuarios seguimos mirando las facturas. Todavía no terminamos de digerir los aumentos de la electricidad. Todavía hay familias tratando de entender cuánto van a pagar por el servicio de EDEA. Y ahora aparece nuevamente la discusión sobre el gas.

Es difícil no preguntarse quién termina pagando siempre. Durante mucho tiempo escuchamos hablar de reducir privilegios, de terminar con determinados beneficios y de ordenar las cuentas. Pero, en la vida cotidiana, el impacto de esas decisiones muchas veces termina llegando al mismo lugar: el bolsillo del usuario.

Del trabajador. Del jubilado. Del asalariado. De la familia que hace números antes de encender una estufa. Y hay algo que también genera preocupación: muchas veces la sociedad reacciona cuando la decisión ya está tomada y la factura ya llegó.

Ahí aparece el problema. Porque cuando llega la factura, ya no hay debate teórico. Hay un importe concreto que pagar.

Y en materia de gas existe además una particularidad que no debería perderse de vista: el régimen de Zona Fría tiene justamente relación con las necesidades de consumo de determinadas regiones y con las condiciones climáticas que atraviesan sus hogares.

La discusión no debería reducirse solamente a una cuestión contable. Debería discutirse cuánto puede soportar una familia.

Cuánto puede pagar un jubilado. Cuánto puede absorber un trabajador. Y cuánto termina impactando una nueva modificación tarifaria en una economía local que ya viene soportando aumentos en distintos servicios.

Desde este medio venimos planteando estas cuestiones desde hace tiempo. Lo hicimos con la electricidad. Lo hicimos cuando advertimos que los aumentos iban a terminar reflejándose en las facturas.

Y lo hacemos ahora con Zona Fría. No porque nos guste tener razón. Todo lo contrario. A veces uno preferiría haberse equivocado.

Porque tener razón cuando lo que está en juego es el bolsillo de miles de familias no es motivo de celebración. Es motivo de preocupación.

Y por eso también creemos que los dirigentes de cada municipio alcanzado por esta discusión tienen una responsabilidad: informar, explicar qué está ocurriendo y representar las inquietudes de sus comunidades, más allá de los espacios políticos a los que pertenezcan.

No se trata de una cuestión partidaria. Se trata de usuarios. De vecinos. De personas que todos los meses reciben una factura y tienen que encontrar la manera de pagarla.

Hoy es la electricidad. La discusión de mañana puede ser el gas. Y después vendrá otra factura. Mientras tanto, desde El Recado vamos a seguir diciendo lo que vemos y poniendo sobre la mesa aquellas cuestiones que afectan directamente a los vecinos.

Porque callar cuando miles de usuarios pueden verse afectados no ayuda a entender lo que está pasando. Y porque un medio local también tiene una responsabilidad: darle espacio a quienes muchas veces no tienen dónde hacerse escuchar.

La discusión por Zona Fría todavía no terminó. Pero ya es momento de que la sociedad mire el tema de frente. Antes de que llegue la factura.