El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno había dispuesto frenar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, y ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata con la normativa aprobada por el Congreso.
El fallo fue firmado por el juez Martín Cormick, quien hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En su resolución, el magistrado ordenó al Gobierno el “cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”, dejando sin efecto el decreto que condicionaba la aplicación de la norma.
Un conflicto que llegó a la Justicia
El Gobierno había intentado impedir la implementación de la ley mediante un veto. Sin embargo, el Congreso rechazó esa decisión y sostuvo la normativa con las mayorías necesarias.
Posteriormente, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 759/2025, que estableció que el financiamiento previsto por la ley solo podría ejecutarse “una vez que se determine las fuentes específicas para su financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto general”.
Ante esta situación, el CIN, la UBA y otras universidades recurrieron a la Justicia para reclamar la aplicación efectiva de la ley, que contempla, entre otros aspectos, el financiamiento de las universidades y la recomposición salarial de docentes y trabajadores no docentes.
Una “instancia de veto” no prevista
En uno de los puntos centrales de su fallo, Cormick sostuvo que el decreto “no supera un test mínimo de razonabilidad”, ya que permitía suspender la aplicación de una ley que había sido ratificada por el Congreso mediante las mayorías agravadas que exige la Constitución.
El juez consideró además que, ante la imposibilidad constitucional de emitir un nuevo veto, el decreto “ha funcionado como un mecanismo extraconstitucional”, configurando lo que calificó como “una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional”.
El magistrado también remarcó que el control judicial sobre decisiones que tienen impacto presupuestario no constituye una intromisión extraordinaria, sino una consecuencia propia de la posibilidad de revisar judicialmente los actos del Estado.
El impacto sobre las cuentas públicas
Otro de los aspectos analizados en la sentencia fue el supuesto impacto fiscal de la Ley de Financiamiento Universitario.
Cormick señaló que durante 2024 y 2025 no hubo una Ley de Presupuesto aprobada, por lo que se prorrogaron las partidas correspondientes al presupuesto de 2023.
En ese marco, citó datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, según los cuales el impacto de la aplicación de la ley durante 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado.
Con la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, el Gobierno queda obligado a avanzar con las medidas necesarias para hacer efectiva la Ley de Financiamiento Universitario, en una nueva disputa judicial entre el Poder Ejecutivo y las universidades nacionales.
