Tras la promulgación de la Ley 27.828, la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon y el intendente bahiense, Federico Susbielles, presentaron amparos colectivos para recuperar las condiciones tarifarias anteriores. Los reclamos cuestionan la constitucionalidad de los cambios y buscan sostener los descuentos que alcanzaban a millones de usuarios de la provincia de Buenos Aires.

La eliminación de los beneficios del régimen de Zona Fría abrió un nuevo frente judicial en la provincia de Buenos Aires. Luego de la promulgación de la Ley 27.828, Mar del Plata y Bahía Blanca recurrieron a la Justicia Federal para intentar frenar la quita de las bonificaciones en las facturas de gas y restablecer las condiciones tarifarias vigentes antes de la modificación normativa.

Las presentaciones buscan evitar que los usuarios residenciales y las instituciones de ambas ciudades pierdan los descuentos, en un contexto de preocupación por el impacto que los cambios pueden tener sobre la economía de los hogares.

Bahía Blanca presentó un amparo colectivo

En Bahía Blanca, el intendente Federico Susbielles impulsó una acción judicial junto con la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) y el Club Estrella.

El objetivo es impedir que los usuarios residenciales y las instituciones de la ciudad queden excluidos de los beneficios. Para ello, solicitaron que se suspendan los efectos de la medida mientras se resuelve la cuestión de fondo.

El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N.º 2, a cargo de la jueza María Gabriela Marrón, tras el sorteo correspondiente.

Desde el Municipio sostienen que no existen fundamentos técnicos suficientes para excluir a Bahía Blanca del régimen. Como respaldo, el planteo incorpora informes del organismo regulador y estudios de la investigadora del CONICET María Cintia Piccolo, que comparan las condiciones climáticas locales con las de Santa Rosa, Neuquén y Viedma, ciudades que continúan comprendidas en el beneficio.

“Bahía Blanca es Zona Fría”, afirmó Susbielles al fundamentar la presentación. El intendente señaló que la iniciativa responde a un compromiso asumido con la comunidad y procura proteger a los hogares y las instituciones alcanzados por el esquema tarifario.

El amparo también plantea una posible vulneración de los principios de igualdad, no discriminación, razonabilidad y proporcionalidad. Además, cuestiona que los usuarios puedan continuar contribuyendo al fondo que financia las bonificaciones aun cuando dejen de percibirlas.

Mar del Plata también cuestiona la ley

En paralelo, la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal de Mar del Plata para que el distrito conserve las condiciones tarifarias del régimen de Zona Fría.

La acción judicial se inició luego de la publicación de la Ley 27.828 en el Boletín Oficial y está dirigida contra el Estado nacional, a través del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía; el organismo regulador mencionado en la presentación, y la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana.

La Defensoría solicitó una medida cautelar urgente para impedir la aplicación de la quita de las bonificaciones. En particular, pidió que se mantengan las condiciones tarifarias anteriores y que se suspenda la aplicación de los criterios del Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) a los usuarios de la región.

Otro de los puntos del reclamo es que no se aprueben nuevos cuadros tarifarios sin la convocatoria previa a una audiencia pública.

En cuanto al fondo de la cuestión, el organismo solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 27.828. Argumenta que la normativa establece un trato desigual entre los habitantes de la región y los de la Patagonia: mientras que los primeros deberían cumplir determinadas condiciones patrimoniales para conservar el subsidio, los segundos mantendrían el beneficio de manera automática.

Los criterios patrimoniales, bajo cuestionamiento

La presentación también cuestiona los criterios de exclusión contemplados en la Disposición 2/2026. Entre ellos, señala los parámetros patrimoniales que podrían dejar a una familia fuera del esquema de subsidios por contar con un vehículo de menos de tres años de antigüedad o poseer tres inmuebles, incluso cuando se trate de una vivienda, una cochera y una baulera.

Según la Defensoría, esos indicadores no necesariamente reflejan los ingresos efectivos ni la capacidad económica real de los hogares. Por ese motivo, advierte que su aplicación podría excluir a usuarios que necesitan asistencia para afrontar el costo de los servicios energéticos.

Por último, el organismo cuestionó el mecanismo que habilita el traslado automático del costo de adquisición del gas a las facturas. A su entender, ese sistema restringe la participación ciudadana al eliminar la intervención obligatoria mediante audiencias públicas en las decisiones tarifarias.

Un conflicto que impacta en toda la región

Los amparos de Mar del Plata y Bahía Blanca suman presión judicial sobre la reforma del régimen de Zona Fría. Ambas presentaciones coinciden en la necesidad de revisar los cambios y evitar que los usuarios pierdan beneficios que hasta ahora contribuían a reducir el costo del gas.

Para General Alvarado, donde el acceso a la calefacción representa una necesidad central durante los meses más fríos, la evolución de estos reclamos resulta especialmente relevante.

El resultado de las acciones judiciales podría determinar si se mantienen las nuevas condiciones tarifarias o si la Justicia dispone medidas para preservar, al menos de manera provisoria, el esquema anterior.

Por el momento, el eje de la disputa está planteado: quiénes conservarán los descuentos, bajo qué condiciones y si los cambios introducidos por la nueva ley respetan los principios de igualdad y razonabilidad que deben regir las políticas públicas.