El ajuste impulsado por el gobierno nacional continúa impactando sobre sectores sensibles y este martes se confirmó una nueva medida que afecta a personas con discapacidad, trasplantadas y niños con cáncer: el Estado dejará de financiar los pasajes gratuitos en colectivos de larga distancia, aunque las empresas deberán seguir garantizando los cupos establecidos por ley.
La decisión quedó oficializada a través de la resolución 28 de la Secretaría de Transporte, donde se establece el fin del esquema de compensaciones económicas que recibían las compañías de transporte para cubrir parcialmente esos boletos gratuitos.
El antecedente inmediato se remonta a 2024, cuando el gobierno de Javier Milei avanzó con la desregulación del servicio de colectivos de larga distancia, una medida a la que la Provincia de Buenos Aires no adhirió. Desde entonces comenzaron a multiplicarse las denuncias contra empresas que incumplían con la entrega de pasajes para personas con discapacidad, trasplantadas y menores con cáncer.
Ante esa situación, el propio gobierno nacional debió aclarar que el derecho a la gratuidad seguía vigente e incluso hubo intervenciones judiciales ordenando garantizar el acceso a los boletos.
Ahora, con la nueva resolución, el Estado nacional deja de financiar esos pasajes, aunque ratifica que las empresas estarán obligadas a continuar cumpliendo con las leyes vigentes: la Ley 22.431 para personas con discapacidad, la Ley 26.928 para personas trasplantadas y la Ley 27.674 destinada a niños, niñas y adolescentes con cáncer.
Hasta el momento, el financiamiento surgía del Régimen de Compensaciones Tarifarias al Transporte Automotor de Pasajeros de Larga Distancia y de un fideicomiso sostenido con un porcentaje de la tasa aplicada al gasoil.
Desde el gobierno argumentan que el nuevo esquema regulatorio implementado tras la desregulación del transporte volvió “innecesario” mantener ese sistema de compensaciones. Sin embargo, crece la incertidumbre sobre cómo será el control efectivo para evitar nuevos incumplimientos.
En ese sentido, la resolución encomienda a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) la tarea de fiscalizar y “garantizar el efectivo cumplimiento de las obligaciones legales vigentes”, en medio de un fuerte recorte de personal y estructura dentro de distintas áreas del Estado nacional.
