Las principales entidades que representan a clínicas, sanatorios y prestadores de salud del país expresaron su profunda preocupación por la situación económica que atraviesa el sector y advirtieron que, de no adoptarse medidas urgentes, podrían verse comprometidas las prestaciones médicas para millones de jubilados y pensionados afiliados al PAMI.

A través de un comunicado conjunto, organizaciones como FECLIBA, ADECRA, CAPRESS, ACAMI, Salud Federal y CONFECLISA alertaron sobre el creciente deterioro del financiamiento del sistema prestador y señalaron que la brecha entre los costos reales de funcionamiento y los valores que reciben por sus servicios alcanza actualmente el 102%.

Según explicaron, los incrementos anunciados por el PAMI para los meses de junio y julio de 2026 serán de apenas un 1,9% mensual, porcentajes que consideran insuficientes para revertir la crítica situación económica que enfrentan las instituciones. Además, remarcaron que esos ajustes recién se verán reflejados en las liquidaciones de agosto y septiembre, lo que profundiza aún más el desfasaje financiero.

“Las medidas anunciadas hasta el momento resultan insuficientes para revertir la situación que atraviesa el sistema prestador”, señalaron las entidades en el documento, donde también denunciaron la aplicación de débitos que consideran injustificados y que afectan aún más la sustentabilidad de clínicas y sanatorios.

Las organizaciones indicaron que durante las reuniones mantenidas con autoridades del organismo nacional se reconoció la problemática planteada por los prestadores. Sin embargo, sostienen que las respuestas ofrecidas hasta el momento no alcanzan para garantizar la continuidad y el normal funcionamiento de los servicios.

En ese marco, recordaron que el subsector privado cumple un rol estratégico dentro del sistema sanitario argentino, concentrando más de la mitad de las camas de internación disponibles en el país. Por ello, advirtieron que cualquier dificultad en la operatividad de clínicas, sanatorios y centros de salud privados podría tener un impacto directo en la atención sanitaria de la población.

Frente a este escenario, los prestadores reclamaron la implementación inmediata de un esquema de actualización de aranceles acorde a los costos reales del sector, una revisión integral de los mecanismos de contratación y financiamiento, mayor transparencia en la aplicación de débitos y la construcción de un modelo prestacional más simple, eficiente y sostenible.

A pesar de la gravedad de la situación, las entidades ratificaron su voluntad de diálogo con las autoridades nacionales y remarcaron que el objetivo principal continúa siendo garantizar la calidad y continuidad de la atención para los beneficiarios del PAMI.

“La salud de millones de jubilados y pensionados requiere soluciones urgentes, previsibles y sostenibles que permitan preservar la calidad y continuidad de la atención en todo el país”, concluye el comunicado.